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Búsqueda 13 Sep 2018

Sr. Director:

Uruguay parece ser, en los últimos tiempos, un escenario de alta conflictividad en materia patrimonial. Conflictividad entre grupos humanos e instituciones del Estado que buscan intervenir, bajo distintos modos, en bienes de alto interés cultural y social. Si bien el motivo de esta carta puede abonar — de manera no deseada— esa recurrente conflictividad, espero que opere como un simple llamado de atención a las autoridades correspondientes, a efectos de corregir de manera urgente decisiones recientemente tomadas. Me refiero a un proyecto, actualmente en curso, que afectará negativamente a uno de nuestros dos patrimonios mundiales: el Paisaje Cultural Industrial Fray Bentos.

Este importante sitio patrimonial recibirá el impacto de una nueva construcción que puede poner en riesgo la continuidad del bien en la lista del Patrimonio Mundial, de Unesco. Se trata de una propuesta edilicia en la llamada zona núcleo — es decir, la zona que contiene los mayores valores de ese paisaje cultural— resultante de una iniciativa de UTU que busca contar con un nuevo centro de enseñanza en el área de Fray Bentos. Apoya fervientemente esta idea la Intendencia Departamental de Río Negro, que cuenta con el aval de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación para que se construya lo proyectado.

Importa explicar, primeramente, que los mayores valores de este bien se centran en su condición de paisaje cultural, donde tuvo lugar un proceso productivo extraordinariamente singular para la historia de la humanidad. En tanto paisaje entonces, es fundamental el respeto de su organización como conjunto —tanto edilicio como de espacios libres—, lo que permite comprender y visualizar los antiguos procesos de esta industria cárnica, así como sus maneras de ocupar y utilizar su territorio propio. Es por eso que, a efectos de su ingreso y posterior permanencia en la lista de Patrimonio Mundial, Unesco exige la materialización de un plan de manejo, donde se expliciten modalidades y maneras de uso, además de un conjunto específico de estrategias y planes para su gestión. Dentro de este plan de manejo, oportunamente presentado en 2015, se hizo explícito el interés de desarrollar actividades académicas y culturales como las que viene cumpliendo la UTEC o, eventualmente, como las que podría desarrollar también UTU. De hecho, en el dossier técnico presentado para su candidatura a la lista de Patrimonio Mundial — en donde participé como coordinador general y redactor del mismo— se hizo especial referencia a la futura participación de estas dos instituciones dentro del sitio, pero dejando en claro que constituirían factores de enriquecimiento y estímulo a la actividad de conservación edilicia, así como también al uso social de ese complejo industrial. Lejos se estaba de pensar que dichas edificaciones podrían constituir un factor distorsionante de los valores propios del paisaje.

La UTEC ha cumplido perfectamente con lo dispuesto en el dossier técnico, materializando un proyecto de excelencia — producto de un concurso— que constituye un verdadero aporte al sitio y a la comunidad local. La UTU, en cambio, parece recorrer un camino diferente, tan corto como riesgoso. Propone materializar una nueva edificación, en un ámbito que ha estado históricamente libre —zona de corrales para el ganado—, que responde al estándar constructivo que esa institución aplica en cualquier parte del país. En pocas palabras, la UTU pretende hacer caso omiso a las condicionantes patrimoniales del sitio, por razones que quizá se expliquen en la economía y aprovechamiento de proyectos que ya se tienen realizados, o bien en el cumplimiento de los plazos políticos que se aproximan. No lo sabemos. Pero en lugar de incorporar tal actividad docente a alguno de los edificios libres con que cuenta el antiguo conjunto industrial — ayudando de esta manera a conservarlo, en un tiempo donde no es fácil conseguir mecenazgo— la UTU prefiere alterar el paisaje patrimonial agregando un edificio nuevo, donde nunca lo hubo, barriendo con un principio esencial de la Guía Práctica de Unesco que es el de la “integridad del bien”. Y, lo que es más grave aún, para esta disparatada propuesta la UTU cuenta con el apoyo de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación.

Sí, aunque suene extraño, esta institución ha dado su aceptación y permiso a un proyecto de tres edificaciones nuevas — una de las cuales es, paradójicamente, ¡ un galpón!, aun cuando hay más de 15.000 m2 de galpones vacíos en el complejo industrial— dejando satisfecha a UTU y a la IDRN en sus propósitos, al tiempo que otorga un fuerte espaldarazo en el futuro proceso de discusión ante la Junta Departamental de Río Negro. Importa recordar que para habilitar esta construcción, es necesaria una mayoría especial en dicho organismo. El predio es actualmente propiedad municipal.

Es realmente preocupante que la institución que debe velar por la defensa de nuestro patrimonio cultural no advierta que se trata de un proyecto que atenta contra lo convenido y comprometido ante Unesco – en su dossier técnico, en su plan de manejo— por el Estado parte – léase Uruguay— y que en materia de proceder contradice lo que está absolutamente explicitado en el parágrafo 172 de las Directrices Prácticas de Unesco, esto es, que toda intervención que no haya sido prevista y que genere impactos sobre el sitio debe ser comunicada al Centro de Patrimonio Mundial para su consideración y estudio.

La aceptación del proyecto por parte de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación — sin consulta previa a Unesco— se produjo en fecha 31 de octubre de 2017 y solo contiene los dos informes técnicos que esta entendió debían acompañar la decisión tomada. Se trata de los informes de los departamentos de arqueología y arquitectura, al que se suma el informe de la Oficina Técnica de Colonia del Sacramento.

Como era de esperar, el informe de arqueología — luego de realizar sendas excavaciones en el lugar— expresó que en el sitio elegido para el nuevo edificio no había construcciones antecedentes ni restos culturales de valor. Tal como se decía antes: “Chocolate por la noticia”. Sobre una argumentación análoga, el departamento de

arquitectura también manifestó su acuerdo, además del beneplácito al proyecto de UTU. Es paradójico — por no decir risible— que se otorgue el permiso de materialización al mencionado proyecto argumentando la ausencia de testimonios materiales o edilicios anteriores que podrían ser afectados, cuando de lo que se trata es precisamente de defender la histórica condición de ámbito libre de construcciones que el lugar siempre tuvo.

Es la lógica histórica de ese paisaje lo que efectivamente hay que mantener, respetando su integridad y evitando nuevos componentes edilicios que nada agregan al lugar. Pero, además, y a partir de esa argumentación establecida por la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, caben algunas inevitables preguntas: ¿si alcanza con que el área esté libre para habilitar el proyecto de UTU, sucederá lo mismo en otros terrenos también vacíos y de iguales características que cuenten con proyectos edilicios?, ¿en qué medida esta decisión no establece dramáticos precedentes y resulta estimulante para ocupaciones no deseadas, capaces de transformar este paisaje cultural?

Genera perplejidad el desarrollo de las actuales políticas en torno al patrimonio cultural en Uruguay, tanto en lo que refiere a gestión, como en materia de protección, conservación y difusión. En este caso — el del Paisaje Cultural Industrial Fray Bentos— importa sobremanera la dimensión y las características del bien implicado, siendo necesario un inmediato cambio de rumbo, un golpe seco de timón, una actitud alternativa resultante de entender que este sitio no es un bien del Departamento de Río Negro ni del Uruguay exclusivamente, sino que es patrimonio de toda la humanidad. Una nueva mirada entonces, que entienda acerca del riesgo para el país de un proceder con erráticas decisiones como la ya asumida.

En este sentido, dado que la Intendencia Departamental de Río Negro respalda activamente este proyecto — de acuerdo a lo expresado por el Intendente como así también por alguno de sus técnicos— y que la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación considera viable el mismo, parece necesario e imprescindible solicitar opinión y posición a otras instituciones nacionales e internacionales que tienen injerencia directa en esta materia. Me refiero a las comisiones de cultura de ambas cámaras parlamentarias, a la Facultad de Arquitectura — actor fundamental en oportunidad de la candidatura del Paisaje Cultural Fray Bentos a la Lista Mundial— y a las organizaciones no gubernamentales que hoy están en vínculo directo con el patrimonio cultural — Icomos, Cicop, Ticcih— como manera de impedir que nuestro país ingrese en una zona no deseada como lo es esa triste nómina de patrimonios mundiales en riesgo o, peor aún, formar parte de la lista de los expulsados.

William Rey Ashfield

 

CI 1.284.134-7

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