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La Diaria

La jueza penal de 7º Turno Adriana de los Santos se tomará unas semanas para decidir si procesa con prisión por el delito de homicidio especialmente agravado a los militares retirados Julio Litovsky y Héctor Lascano, tal como lo solicitó la fiscal Ana María Telechea. La causa que involucra a los imputados es la muerte del militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), Pedro Ricardo Lerena Martínez, acaecida el 29 de setiembre de 1975 en el Regimiento de Caballería Nº 9. Ayer la jueza interrogó en audiencia a los dos involucrados y decidió estudiar el expediente para “ver si hace lugar” al pedido de la fiscal, según informó a la diaria la propia Telechea.

Lerena, nacido en Treinta y Tres, fue detenido el 25 de mayo de 1975 por militares de inteligencia y estuvo recluido en el Grupo de Artillería N° 1, en el centro clandestino de detención “300 Carlos R”, en el Regimiento de Caballería Mecanizada Nº 4, y finalmente fue trasladado al Regimiento de Caballería Nº 9, que comandaba por entonces el teniente coronel Litovsky. “Según la versión oficial y la autopsia realizada por el doctor José A Mautone, la causa de muerte es ahorcamiento; sin embargo, la familia, al abrir el cajón, detecta que el cuerpo presenta quemaduras en varias partes, especialmente en los genitales; los pies se encuentran intensamente hinchados como consecuencia de las colgaduras y delgadez extrema. Además de no presentar señales de ahorcamiento, el colchón y las sábanas que le fueron entregadas a la madre estaban completamente ensangrentadas”, registra la ficha de Lerena en la Secretaría de Derechos Humanos. La investigación que, como tantas otras, fue clausurada y luego retomada, incluyó la exhumación del cadáver de Lerena y su estudio por parte del Grupo de Investigación en Antropología Forense. Los militares imputados, en una práctica judicial que han adoptado sistemáticamente, presentaron recursos alegando la prescripción de los delitos, petición que fue desestimada.

Hay dos imputados más, uno sobre el que recae un pedido de extradición y otro respecto del cual se ha pedido una ampliación de indagatoria. La abogada de los denunciantes, Marina Morelli, dijo a la diaria que la defensa de los indagados “ya hizo todos los descargos” y que “se va a dar una vista fiscal de eso”. “Habrá que esperar algunas semanas hasta que la jueza se expida”.

Morelli expresó que “pasaron 31 años de tramitación desde que la familia solicitó que se investigara la muerte de Lerena y 41 años exactos se van a cumplir mañana desde que lo asesinaron”. “Lo que se busca es un pronunciamiento del sistema de justicia y que no se dilate más en el tiempo, porque carece de sentido, en la medida que la verdad no se puede tapar. Son cinco piezas del expediente y surge de manera bastante clara qué es lo que sucedió con Lerena, asesinado en torturas”, comentó. La abogada recordó que ya pasaron los años correspondientes a la última dictadura cívico militar, así como otros tantos desde el restablecimiento del sistema democrático, pero que, sin embargo, “esa especie de cultura de la impunidad ha logrado que transcurriera todo este tiempo sin que hubiera una resolución, que en definitiva no es ninguna condena: sería el inicio de un proceso penal. Es sólo decir que hay elementos suficientes que ameritan atribuir responsabilidad penal a determinadas personas por ese hecho”, opinó.

Según pudo saber la diaria, la defensa de los militares pidió prisión domiciliaria para los imputados, en caso de que sean procesados.

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