imagen(103)

Diario EL OBERVADOR -  Montevideo URUGUAY



Celulosa. Vázquez confirmó que la diferencia con los finlandeses es por el Impuesto al Patrimonio

 El gobierno espera que la respuesta de UPM llegue en el correr de esta semana para avanzar.

Las exoneraciones correspondientes al pago del Impuesto al Patrimonio (IP) es la principal diferencia tributaria que existe en las negociaciones entre el gobierno uruguayo y UPM, que por estas horas resolverá si acepta las condiciones propuestas por el Poder Ejecutivo para avanzar a una eventual segunda fase del diálogo.

“Es un aspecto que está en discusión, tenemos esta semana para ver la respuesta de UPM desde Finlandia. Se discute el tema del Impuesto al Patrimonio”, ratificó el presidente Tabaré Vázquez, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en la sede del club Progreso.

Hasta ahora, el gobierno mantiene estricta confidencialidad respecto a dónde radica la diferencia sobre aspectos impositivos que separa a las partes. Expertos tributarios y otras fuentes del sector forestal consultadas por El Observador coincidieron en que el tema de fondo es la exoneración del IP para las plantaciones forestales que luego abastecerán la planta.

la planta de UPM (ex Botnia) en Fray Bentos funciona en régimen de zona franca y con ello accede a distintas exoneraciones, entre ellas el IP. Pero esa exención no alcanza a las plantaciones de eucaliptos con destino a la industria de celulosa que tiene Forestal Oriental (subsidiaria de UPM) en distintas zonas del país.

Hoy, cerca del 70% de la madera proviene de plantaciones propias de UPM y el 30% restante de más de 200 productores rurales asociados. En la actualidad el único tipo de cultivo que goza de exoneraciones son los bosques destinados a ciclos largos de la madera, que requieren como mínimo entre 15 y 20 años.

Distinta es la situación de la planta de Montes del Plata, donde las exoneraciones del IP alcanzan a la rama forestal. Una resolución adoptada por el gobierno de José Mujica en octubre de 2012 y en el marco de la ley de Inversiones –firmada por el entonces ministro de Economía, Fernando Lorenzo– otorgó el beneficio para las explotaciones agropecuarias del grupo por 30 años, hasta que termine el plazo otorgado a la zona franca Punta Pereira de Colonia.

En esa resolución quedó comprendida la actividad de todas las empresas del grupo Montes del Plata integrado por Eurofores, Stora Enso Uruguay, Forestal Cono Sur, El Esparragal Asociación Agraria, Zona Franca Punta Pereira, Celulosa y Energía Punta Pereira, Terminal Logística e Industrial de M’Bopicua y Ongar SA.

El gobierno argumentó en ese entonces que ese proyecto tendría “un impacto en el aumento de las exportaciones, en el incremento del valor agregado nacional, en una suba del Producto Interno Bruto, en la creación de puestos de trabajo y en el desarrollo tecnológico y en la producción de energía renovable”.

También señaló en esa oportunidad que el Estado firmó un contrato de inversión con el grupo Montes del Plata “en el cual se comprometió a otorgar ciertos beneficios fiscales”.

Esa decisión generó incluso críticas de la oposición, al entenderse que por esa vía se otorgaba un beneficio que discrimina al resto de los productores rurales. Por ejemplo, el senador Jorge Larrañaga afirmó esa vez que el Frente Amplio presentó como “muy de izquierda” el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) y “resulta que a la primera de cambio le sacó el Impuesto al Patrimonio (a Montes del Plata) para compensar el pago del ICIR”. La empresa maneja entre campos propios y de terceros unas 145 mil hectáreas forestadas en 11 departamentos.

Fuentes vinculadas al sector argumentaron como “lógico” que UPM reclame la exoneración del IP, ya que cuando cayó el ICIR –el adicional del IP que se arpobó luego– castigó con más fuerza a aquellas empresas que contaban con mayores extensiones de tierras (donde sobresale UPM), lo que de alguna manera terminó ampliando la brecha impositiva que rige para ambas pasteras.

El sustituto del ICIR grava a los propietarios de campo con más de 2.000 hectáreas. El tributo tiene una franja básica de 1,5% del patrimonio de los productores, y sobretasas que van desde 0,7% a 1,5%, que se suman al 1,5% inicial. Así, las empresas que tienen activos más elevados en el campo pagan al año el equivalente a 3% de sus activos.

El Poder Ejecutivo se mantiene firme en las condiciones impositivas, pese a que UPM redobló la apuesta. Fuentes del gobierno dijeron a El Observador la semana pasada que la pastera incluso transmitió a la administración del presidente Vázquez que con una exoneración impositiva mayor podría analizar montar una planta adicional a la que proyecta sobre el río Negro y la que ya tiene en Fray Bentos.

La primera etapa de la negociación sobre la instalación de una nueva pastera tuvo ocho puntos: infraestructura, transporte, comunicaciones, forestación, reglas impositivas, condiciones laborales, medio ambiente y energía.

Con la primera etapa concluida para el gobierno, si UPM resuelve avanzar hacia la segunda fase será la hora de empezar a tomar decisiones sobre, por ejemplo, la locación y los planes de infraestructura. 



Cifra
4.000
millones de dólares es lo que proyectó invertir UPM en una segunda pastera en Uruguay, un récord histórico para un emprendimiento privado en el país.

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3