Invitación del Instituto de Ciencias Políticas.

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El Instituto de Ciencia Política (ICP) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República invita a la Mesa Redonda “Blancos y Colorados: 180 años, legados y perspectivas “que se realizará el jueves 22 de setiembre de 19 a 21 horas en la Sala de Conferencias de la Facultad, Constituyente 1502 esq. Martínez Trueba.

En el evento participarán Pedro Bordaberry (senador del Partido Colorado), Luis Alberto Heber (senador del Partido Nacional), Adolfo Garcé                                        (ICP) y Felipe Monestier (ICP). José Rilla (ICP) actuará como moderador.

En setiembre de 2016 nuestros partidos históricos o tradicionales habrán cumplido 180 años. Blancos y colorados eran en 1836 algo menos que partidos políticos modernos; sin embargo, más allá de controversias, mas allá de fechas precisas tomadas aquí como hitos simbólicos, estas identidades políticas han mostrado a la región y al mundo una asombrosa permanencia.

Colorados y blancos, “los partidos más antiguos” se ha dicho, son cofundadores de la vida republicana uruguaya, intérpretes parciales de la nación y hacedores de una cultivada tradición, diversa y a la vez común.

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Publicado por Gustavo Cersósimo EN EL TELESCOPIO

“No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo”, frase célebre de Voltaire con la que se identifica a la libertad de expresión.

El 20 de setiembre de cada año se conmemora el Día de la Libertad de Expresión de acuerdo a lo establecido en la ley No. 17.778, de 24 de mayo de 2004.

¿Por qué el 20 de setiembre?  Porque el 20 de setiembre de 1870 tiene un significado indiscutiblemente emancipador en la historia del mundo occidental cuando las tropas italianas entran a Roma y ponen fin al Estado Pontificio por el que se ejercía el poder temporal de los papas.

Pero lo más importante es que la libertad de expresión es un derecho que tiene la mayor relevancia en toda democracia y en particular para los uruguayos que lo valoramos como la garantía fundamental de todas nuestras libertades y de la vigencia del Estado de Derecho.

La relevancia de este derecho requiere que permanentemente se analice el desarrollo de su ejercicio, significado y vigencia en nuestro país y en la comunidad internacional.

Una amplia lista de temas y discusiones lo ponen en primer plano como  cuando abordamos lo relacionado con la figura penal del desacato, el empleo restrictivo del aparato punitivo, la acción civil de responsabilidad y la autocensura, la protección de las fuentes y el secreto periodístico, la colegiación obligatoria, el derecho de respuesta, el acceso a la información, el derecho al silencio, entre otros.

La libertad de expresión es un derecho humano internacional fundamental y un componente esencial de la sociedad civil basada en los principios democráticos. La existencia misma de la sociedad democrática depende del ejercicio de esta libertad, pues es indispensable para la formación de la opinión pública y condición esencial para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales y, en general, para que todos quienes actúan en sociedad, puedan desarrollarse libremente, en plena vigencia de los demás valores y principios democráticos de participación política.

En el Estado de Derecho, la libertad de expresión está estrechamente vinculada a la de prensa y al derecho a informar. A su vez, aparece asociada en forma indisoluble al interés de la sociedad a estar informada, a tener una prensa libre e independiente.

La difícil tarea periodística de reconstruir la realidad para informar a la gente requiere de la formulación de combinaciones de hechos y opiniones, lo que conlleva un cierto margen de error que superado de buena fe es aceptado como tolerable por la legislación y la jurisprudencia en la materia.

Entre nosotros esta libertad está unida al pensamiento artiguista que en el artículo 3 de las Instrucciones del Año XIII promueve “la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable”.

El Pbro. Dámaso Antonio Larrañaga, en 1815, en referencia al primer diario del período artiguista, “El Periódico Oriental”, manifiesta al Cabildo de Montevideo que “la libertad de imprenta y el don de la palabra” son unos “de los primordiales derechos que reclaman estos pueblos”, que no deben “tener revisores” y que “cada ciudadano tiene libertad de imprimir sus sentimientos bajo la responsabilidad correspondiente al abuso que hiciese de ese derecho”.

Nuestro primer presidente constitucional, Don Fructuoso Rivera en 1832 expresaba a quienes le pedían que prohibiera las críticas, que “no se puede limitar la expresión de voluntad y la libre expresión de la opinión y el pensamiento” y aceptaba como sagrado el “derecho que tiene el pueblo a publicar las opiniones”.

Y en 1838, en su segunda presidencia, disponía por decreto que “la absoluta libertad de opinar y publicar opiniones debe ser un derecho tan sagrado como la libertad y la seguridad de las personas. Las producciones de la imprenta libre son el freno de los malos mandatarios, la recompensa mejor de los que gobiernan bien y el vehículo más seguro para derramar la ilustración y educar a los pueblos. Pero este derecho inestimable vendría a ser ilusorio si los que han de ejercerlo conservan el menor recelo de que la autoridad pueda reprimirlo…”.

La Constitución uruguaya desde 1830 ha consagrado la libertad de expresión, al establecer en su art. 29 (complementado por los arts. 7, 54, 72 y 332) que “es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otro forma de divulgación, sin necesidad de previa censura; quedando responsable el autor y, en su caso el impresor o emisor, con arreglo a la Ley por los abusos que cometieren”.

Los antecedentes de esta norma se encuentran en las leyes de la Junta de Representantes y la ley de imprenta dictada por la misma Asamblea Constituyente en 1929 y de fuentes más remotas como las disposiciones dictadas durante el período revolucionario en Buenos Aires, a partir de los Reglamentos Provisorios de 1811, normas que a su vez derivan de la Declaración de los Derechos del Hombre, de las proclamaciones de derechos de las colonias inglesas de América del Norte y en las leyes de las Cortes de Cádiz de 1812.

Existe un marco jurídico internacional muy importante referido a la libertad de expresión. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobado por la Asamblea Constituyente francesa de 1789, en su art. 11 hace referencia a la libre comunicación de los pensamientos y las opiniones.

La jurisprudencia del sistema europeo de Derechos Humanos es reconocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como una herramienta útil para la interpretación del derecho de libertad de expresión.

El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica reconoce: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”

“2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar  sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas” y

“3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.”

La Convención Americana prohíbe de forma completa la censura previa y en garantía de la libertad de expresión, reduce al mínimo las restricciones a la libre circulación de las ideas, de manera más radical que las normas contenidas en la Convención Europea de DDHH (art. 10) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 19).

La Carta Democrática Interamericana, aprobada el 11 de setiembre de 2001, dispone en su artículo 4 que: “Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”.

Queda claro entonces que la libertad de expresión es un aspecto sustancial de la democracia, de las sociedades abiertas y forma parte de la idea de las libertades contemporáneas que fijan mínimos éticos y normativos inconmovibles –constituidos por derechos fundamentales- asegurados por el Estado de Derecho, que procuran la tolerancia y la convivencia civil.

La libertad de expresión tiene una doble dimensión, individual y social y ambas deben ser garantizadas simultáneamente. En su dimensión individual, no se agota en el reconocimiento teórico del derecho de hablar o escribir, sino que comprende además e inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios.

En su dimensión social, es un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Implica el derecho de todos a conocer opiniones y noticias.

La sociedad debe permanecer alerta y observar permanentemente el ejercicio de este derecho, como garantía para quien lo practica y para sí misma y sus integrantes.

El ejercicio de la libertad de expresión es un derecho inalienable del pueblo. Por esta razón es que debemos conmemorarla todos los años para recordarla vigencia de esta libertad y analizar la realidad de su ejercicio.

En el mundo y en especial en nuestra región, todos los días hay atentados contra medios de comunicación, amenazas, amedrentamiento y homicidios de periodistas.

La libertad de expresión es más amplia que la de prensa y de información. Aquélla abarca muchas formas de manifestación, como el arte, los gestos, la comunicación cara a cara y otras modalidades que son ajenas a la libertad que se ejerce a través de los medios de comunicación.

El periodismo es la manifestación primara y principal de la libertad de expresión del pensamiento e implica buscar, recibir y difundir información.

El ejercicio del periodismo no puede ser diferenciado de la libertad de expresión, pues el periodista profesional es la persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado.

Por su parte, los medios de comunicación en una democracia son verdaderos instrumentos de la libertad de expresión y no vehículos para restringirla.

Son indivisibles la libertad de expresión y la difusión de ideas, por lo que la limitación de cualquier acto de difusión es una restricción de la libertad de expresión. La limitación ilegítima a los medios de difusión es también restricción ilegítima a la expresión.

Las afectaciones a la libertad de expresión no se llevan a cabo exclusivamente a través de acciones directas del Estado o de sus agentes, muchas veces se emplean medidas menos evidentes, que también reducen o evitan la expresión libre del pensamiento, al inhibir al periodista como consecuencia de la intimidación, la obstrucción de canales de expresión o la obstaculización que impide o limita su ejercicio.

Como todo derecho puede ser limitado en su ejercicio, pero en casos absolutamente excepcionales que deben estar expresamente fijados en la ley, perseguir fines legítimos en armonía con el bien común y de una relevancia que superen claramente la necesidad social del pleno goce del derecho.

El abuso de la libertad de expresión nunca puede ser objeto de medidas de control preventivo, como la censura previa, sino fundamento de responsabilidad para quien se excedió y en respeto de los derechos y la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas, en lo estrictamente necesario para ello.

Hoy, en medio de la revolución informática, no podemos pasar por alto la estrecha vinculación que tiene Internet con la libertad de expresión, ya que ha transformado la forma en que nos comunicamos, informamos, trabajamos y educamos, ampliando el ámbito de expresión del pensamiento y la pluralidad de los medios de comunicación.

El principio de neutralidad en la Red significa que el acceso a ésta debe ser igual para todos sin discriminación alguna, para garantizar la igualdad y la libertad y preservar la intimidad y privacidad de las personas.

En el Parlamento existe un proyecto de ley de autoría del Senador Pedro Bordaberry que procura garantizar el principio de neutralidad en la Red informática, considerando que Internet es el vehículo de libre expresión, libre información y desarrollo social más importante con el que cuentan ciudadanos y empresas, brindando a los usuarios la posibilidad de acceder y distribuir la información o utilizar las aplicaciones y los servicios de su elección, sin restricciones arbitrarias.

Hay miles de ciudadanos que no son periodistas permanentes, ni contratados, ni profesionales, pero que son usuarios de Internet, que asumen un rol activo en el proceso de recolección, producción, análisis y distribución de información y noticias. Esas personas comparten esas informaciones, recogidas en forma intencional o casual en sus cámaras, celulares y por otros medios y en general sin edición previa. La tecnología está borrando barreras de entrada y ya no necesita un medio tradicional para publicar, ni para ser masivo. El periodismo se está transformando, y todas las respuestas son provisorias.

Cabe destacar la vinculación que tiene la libertad de expresión con la de enseñanza, en realidad no es más que un aspecto de ella, porque enseñar es expresar su propio saber, lo que se cree y lo que se piensa y como contrapartida es también recibir esas opiniones y creencias.

Por ello no sólo hay que asegurar la libre expresión del pensamiento, sino que, además y fundamentalmente, hay que garantizar la posibilidad de que los pensamientos y las convicciones se creen en un ambiente de libertad.

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Con un gran esfuerzo de producción el teatro del interior del país llega a Montevideo.

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Antonio “Pipo” Policarpio es un viejo masajista retirado desde hace ya unos años vive con su esposa (Ofelia) que a causa de una enfermedad ha quedado en silla de ruedas. Pipo espera a “El Tigre” Retamozzo, un jugador local que triunfa en Europa y que tiene, desde hace un tiempo, una lesión que ningún kinesiólogo le puede quitar. El Tigre vino a jugar un partido con la selección y aprovechando su llegada al país le pide al viejo Pipo que lo cure, como lo hizo cuando él era un pibe y jugaba en el equipo de la ciudad. Mientras espera, Policarpio nos cuenta su apasionada vida.

El actor Fernando Pozzo, premiado como mejor actor con el Florencio 2015  en la Bienal de Teatros del Interior, esta disponible para notas y entrevistas telefónicas o presenciales en el marco de la difusión del espectáculo. 

 

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Conferencia de prensa del Ballet Nacional Sodre

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Mañana jueves 22 de setiembre a las 16:30 hs. el BNS –Ballet Nacional Sodre- invita a medios y amigos a la conferencia de prensa con motivo de su próxima producción: Onegin. La conferencia se desarrollará en el foyer de platea alta del Auditorio Nacional del Sodre con la presencia del director del BNS, maestro Julio Bocca y el Consejo Directivo del Sodre.

Onegin

Ballet inspirado en el poema de Alexandr Pushkin, con música de Piotr l. Tchaikovsky y coreografía de John Cranko, considerada la obra maestra del coreógrafo.

Impresionante y poderosa, es una de las obras más importantes de los ballets de larga duración.

Onegin es una historia de amor no correspondido, entre el inesperado encuentro de una niña inocente con un cínico aristócrata.

Coreografía John Cranko

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Congreso de Intendentes sesiona en Artigas

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El Congreso de Intendentes realizará su sesión plenaria en la ciudad de Artigas el jueves 22 de setiembre para recibir en audiencia al Presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, y una delegación de la Federación Rural del Uruguay.

En las instalaciones del Club Uruguay de Artigas el jueves 22 desde las 09:00 horas, los intendentes desarrollarán su 16ª Sesión Plenaria oportunidad en la cual recibirán, previo a las audiencias, un informe de la Intendenta de Lavalleja Dra. Adriana Peña sobre la reunión tripartita mantenida recientemente entre el Congreso, el Ministerio de Trabajo y la Federación Nacional de Municipales; mientras que el  Intendente de Artigas, Pablo Caram informará sobre la 4º reunión de la Comisión Interdepartamental de Relaciones Internacionales y Cooperación.

En esta sesión habrá una presentación de la denominada Agenda del Litoral, que integran los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia.

Para las 09:30 horas está previsto recibir en audiencia al Presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, Pablo Sitjar, y posteriormente a delegados de la Federación Rural del Uruguay.

En resto del Orden del Día está compuesto por un Informe de la Mesa del C.I., y otros de la Comisión Sectorial de Descentralización y la Comisión de Seguimiento del SUCIVE.

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