Jose Garchitorena

Publicado en EL TELESCOPIO.

porJosé Garchitorena

Decía Anatole France, escritor francés que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1921, que “todas las ideas sobre las cuales reposa la sociedad, han sido subversivas antes de ser tutelares.”

No siempre se reconoció que el ser humano, por su condición de tal, tiene un conjunto derechos que le son inherentes e inalienables, que la democracia es la única forma de gobierno compatible con la libertad de las personas, que la paz y la convivencia a partir de la tolerancia y la justicia social son objetivos a alcanzar. Llevó siglos, con avances y retrocesos, hacer de ellas las ideas tutelares de nuestro tiempo.

Por eso es bueno y necesario, recordar el derrotero, los mojones y los personajes que llevaron a consagrar esas ideas y valores, en su tiempo subversivos. Fundamentalmente para entender la necesidad de defenderlos y preservarlos ante los intentos, a veces velados, de desandar el camino recorrido.

Entre las ideas basales de nuestro modo de vida actual, está la de libertad de conciencia y su correlato, la laicidad, que tuvieron que abrirse paso dificultosa y paulatinamente hasta su consagración definitiva a partir de la Constitución de 1918.

En ese largo proceso, se destaca la fecha del 6 de abril de 1909, cuando el gobierno del presidente Claudio Williman promulgó la ley 3.441 que en lo medular estableció que “…queda suprimida toda enseñanza y práctica religiosa en las escuelas del Estado”.

El proyecto había sido presentado en 1908 por el diputado colorado por Tacuarembó Genaro Gilbert y fue aprobado por la Cámara de Representantes en julio de ese mismo año y por el Senado, presidido por Feliciano Viera -que sería presidente de la República entre 1915 y 1919-, el 31 de marzo de 1909.

La ley vino a concretar las ideas que José Pedro Varela había expresado en su obra “La educación del pueblo” y que la ley de educación común de 1877 no había recogido en su totalidad.

Decía Varela en su obra: “Dos razones, igualmente poderosas, aconsejan la supresión en la escuela de la enseñanza dogmática. En primer lugar, el Estado es una institución política y no una institución religiosa. Apoyándose en los principios generales de la moral, tiene por función garantizar las personas y las propiedades, asegurando el reino de la justicia, y no debe favorecer una comunidad religiosa determinada, con prejuicio de las otras que pueden ser profesadas por algunos miembros de la comunidad. La escuela, establecida por el Estado laico, debe ser laica como él.”

Sin embargo, buscando apaciguar a quienes reclamaban el mantenimiento de la enseñanza de la religión católica en las escuelas, la ley de reforma escolar estableció que “es facultativo de la Comisión de Distrito establecer en la escuela o escuelas del Distrito la enseñanza de la Religión Católica Apostólica Romana o del Catecismo Católico, con arreglo a las disposiciones siguientes…”. Entre tales condiciones se establecía “que la enseñanza religiosa no minore ni haga descuidar las de las materias” establecidas en la ley, que “sólo pueda darse fuera de las horas de clase, antes de empezar o después de concluir la escuela, en el caso de que cualquiera de los padres de los niños…solicite por escrito….que la enseñanza de la Religión Católica o del Catecismo sea excluido de la escuela” y que “no podrá obligarse a ningún niño a que asista a la enseñanza de la religión católica o del catecismo contra la voluntad o sin el consentimiento de sus padres, tutores o guardianes.”

El carácter transaccional de la solución legal es evidente.

Por eso, procurando concretar cabalmente el ideal laicista de Varela, se aprobó la ley de 1909, que vino a sumarse a la larga lista de medidas impulsadas en ese sentido por el prestigioso pedag