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LORENZO

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que la obesidad es una enfermedad epidémica no transmisible y que es la más grande a nivel mundial. El sobrepeso y la obesidad están entre los 10 factores de riesgo principales de la salud.

Uruguay aparece como uno de los países donde los porcentajes de sobrepeso y obesidad han crecido con mayor rapidez en los últimos diez años.

El 65% de los adultos tiene sobrepeso y obesidad; el 36% de los niños/niñas tiene sobrepeso y el 12,2% obesidad, según estudios realizados por Ministerio de Salud Pública en el año 2019.

Esta enfermedad tiene ciertas características fundamentales: es crónica, es reversible o sea es curable, es multicausal por lo que su tratamiento también tiene que ser multidisciplinario. Determina en si misma factores de riesgo que incrementan la morbimortalidad de la población,tanto en niños/niñas, adolescentes y mayores. Contribuye en gran medida a enfermedades como la Diabetes, Hipertensión arterial, Cardiopatías, Accidentes vasculares (Infarto agudo de miocardio, accidente vascular encefálico, etc.), Cáncer, Patologías Osteoarticulares, Depresión, etc.

Afecta a la sociedad toda, independientemente de los niveles socioeconómicos, es un error pensar que sólo afecta a niveles socioeconómicos altos, por eso este proyecto de Ley busca la universalización de la prevención y tratamiento a través del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).

La situación de Uruguay al respecto es particularmente alarmante, dado que esta enfermedad aumenta a un ritmo de 1% por año (FAO 2018).

El presente proyecto tiene por finalidad el ser pragmático, atendiendo todas las edades y todos los estratos sociales. Pretende además ser inclusivo dado que los obesos se ven excluidos de muchos de los derechos que gozan nuestros ciudadanos, porque no se admite la obesidad como una enfermedad. Incluirlos es un tema muy importante para nuestro país porque apunta a una mejor convivencia social y una realidad más justa.

Además apunta también como pilar fundamental a la educación universal de la prevención del sobrepeso y la obesidad, dado que el mercado de las dietas, el mercado de los productos “light” y el mercado de los “productos mágicos” abren puertas a los trastornos alimenticios,

tratando de conseguir ese descenso de peso tan deseado.

Si bien reconocemos que ha habido algunos avances en la materia, como algunas guías alimentarias aisladas y el rotulado de los envases, no debemos olvidarnos que muchos de los que lo necesitan, son de ingresos bajos y el único rótulo relevante para ellos es el precio. Es por eso, la

importancia de la educación en alimentación, porque no existen alimentos buenos o malos per se, lo que cambia es en cuanto a su elaboración e integración con otros alimentos. Por eso priorizamos el Derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria nutricional como política pública del país y que además crea un sistema nacional de coordinación de estas políticas a través de los diferentes actores involucrados en este proyecto.

Esta iniciativa pretende promover y extender a todo el país la existencia y trabajo de equipos multidisciplinarios que permitan descentralizar la atención adecuadamente (SNIS). Procura además generar un ámbito clínico que favorezca la promoción, prevención y tratamiento integral de la obesidad en sus diferentes grados y su rehabilitación.

Por lo antes expuesto, el combatir esta enfermedad debe ser política de estado, dado que la obesidad apareja por otra parte implicancias sociales y económicas que deben ser atendidas, por lo que esta ley no genera un gasto sino una inversión en procura de evitar o disminuir daños y costos mayores.

Según un trabajo presentado por Kaufmann y Pontet (Universidad ORT) sobre la estimación de costos directos en el tratamiento de la obesidad y sus enfermedades no transmisibles, se estimó en 500 millones de dólares por año ese gasto en Uruguay, casi el 1% del PBI.

No están incluidos en este cálculo los costos sociales de la enfermedad. Es por eso que involucramos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en este proyecto. Una de las aristas fundamentales para el abatimiento de esta

enfermedad es la creación de la Diplomatura de Sobrepeso y Obesidad, por la Facultad de Medicina. La diplomatura antes mencionada es herramienta fundamental para llevar adelante los protocolos y normativas para atender esta enfermedad, dándole así la importancia necesaria y el

pragmatismo al cual aspiramos.

Involucramos en este proyecto de Ley, al Fondo Nacional de

Recursos (FNR) dado que ya cuenta con equipo multidisciplinario para el tratamiento de la Obesidad y fundamentalmente de sus complicaciones, otorgándole la función regulatoria de la cirugía bariátrica así también como

su financiación.

Sabemos que este tipo de cirugía reduce las comorbilidades hasta en un 29%, mejorando así la calidad de vida de estas personas.

Estamos convencidos que las acciones que se han tomado para combatir esta epidemia no han sido suficientes y prueba de ello son los resultados actuales.

Esta Ley busca el involucramiento de varios entes estatales

trabajando en coordinación bajo el control riguroso del Ministerio de Salud Pública, para contribuir definitivamente a establecer una política de Estado que revierta la situación del sobrepeso y la obesidad en nuestro país.

Solicitamos en consecuencia, que se le dé un tratamiento

preferencial a este proyecto de ley, para crear un futuro más favorable y mejorar así la calidad de vida de muchos uruguayos/as.

Diputado Eduardo Lorenzo – Río Negro

Diputada Joanna Fort - Treinta y Tres

Diputado Alvaro Viviano – Montevideo

Diputado Javier Radiccioni – Canelones

11 de marzo de 2021.

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto promover la prevención y el adecuado tratamiento del sobrepeso y la obesidad en sus diferentes grados en niñas, niños, adolescentes y adultos en el marco del derecho a la salud.

Artículo 2.- Encomiéndase al Ministerio de Salud Pública evaluar la

incorporación a la canasta de prestaciones del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) de la atención del sobrepeso y obesidad como patología a través de una policlínica específica a tal fin.

Artículo 3.- A efectos de garantizar la cobertura del estudio y tratamiento del sobrepeso y obesidad de las niñas, niños, adolescentes y adultos, se exhorta al Ministerio de Salud Pública que promueva la creación de policlínicas específicas a tal fin, integradas por equipos multidisciplinarios que comprendan endocrinólogo, internista, pediatra, nutricionista, sicólogo y otras especialidades que considere ese Ministerio.

Artículo 4.- Encomiéndase al Ministerio de Salud Pública la creación de una Comisión Asesora Honoraria de Académicos, de carácter consultivo, conducida por un representante de ese Ministerio, que tendrá como objetivo la elaboración y propuesta de protocolos, normas y controles a incorporarse en el Sistema Nacional Integrado de Salud para la prevención y tratamiento del sobrepeso y obesidad en sus diferentes grados, en niñas, niños, adolescentes y adultos.

Artículo 5.- El Ministerio de Salud Pública deberá procurar en todos los medios de comunicación la difusión masiva, por intermedio de los mecanismos legales vigentes, de toda la información relacionada con el cuidado de la salud en cuanto refiere a esta problemática. También deberá organizar Talleres, Seminarios y Cursos específicos en la materia, promoviendo la capacitación para los profesionales de la salud.

Artículo 6.- Facúltase al Ministerio de Salud Pública a establecer, en acuerdo con el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, un programa de formación para los niveles de

educación inicial, primario y medio, destinado a promover y a educar a niñas, niños y jóvenes en prácticas saludables en alimentación y actividad física, así como en conocimientos básicos respecto a la obesidad y sus eventuales consecuencias sanitarias.

Artículo 7.- Encomiéndase a la Universidad de la República considere la creación, en su Facultad de Medicina de una Diplomatura en Sobrepeso y Obesidad, tendiente al abordaje específico de esta patología.

La Facultad de Medicina determinará duración, estructura y

reglamentación de dicha diplomatura.

Artículo 8.- La Comisión Honoraria de Académicos y el Ministerio de Salud Pública, deberán proponer y protocolizar la promoción de una canasta básica de alimentación saludable, que deberá coordinarse con el Ministerio de Desarrollo Social –en atención a las ponderaciones que éste lleva adelante-, y presentarse al Ministerio de Economía y Finanzas para concretar medidas tendientes a su efectivización.

Artículo 9.- El Fondo Nacional de Recursos (FNR) deberá propender hacia la inclusión de los tratamientos quirúrgicos de la obesidad en sus diferentes grados dentro de su marco de acción y competencia, en tanto cuenta con un equipo de profesionales que evalúan y tratan la obesidad y sus complicaciones.

Artículo 10.- Encomiéndase al Ministerio de Salud Pública, por intermedio de la Junta Nacional de la Salud, a promover y desarrollar las políticas establecidas en los artículos anteriores en todo el territorio nacional, de modo de asegurar una atención equitativa para todos los habitantes de la República.

 

Diputado Eduardo Lorenzo – Río Negro

Diputada Joanna Fort - Treinta y Tres

Diputado Alvaro Viviano – Montevideo

Diputado Javier Radiccioni - Canelones

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